El tiempo necesario para desalojar a un okupa en España puede variar considerablemente según la región. Este proceso se ha vuelto cada vez más largo y complejo, con tiempos de espera que alcanzan niveles récord. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a finales del año pasado, el plazo promedio para obtener una sentencia que permita el desalojo se situaba cerca de los 24 meses. Este periodo incluye tanto los procedimientos en los Juzgados de Primera Instancia como las apelaciones en las Audiencias Provinciales.
En los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en los Juzgados de Primera Instancia, el tiempo promedio en 2023 fue de 12 meses, comparado con los 10,6 meses de 2022. En los últimos cinco años, estos plazos se han triplicado, pasando de 4,9 meses en 2018 a los actuales 12 meses.
Si a esto se suman las apelaciones en las Audiencias Provinciales, cuyo promedio es de 11,2 meses, los propietarios pueden esperar casi dos años para recuperar la posesión de su vivienda. Este aumento en los tiempos de espera se debe a la acumulación de casos en los juzgados y a las apelaciones que prolongan el proceso judicial.
Sin embargo, los plazos varían significativamente entre las comunidades autónomas. Según cifras del CGPJ, Castilla y León y Murcia son las regiones con los tiempos de espera más largos: 35,9 meses y 27 meses, respectivamente. Por el contrario, las comunidades más rápidas son Aragón, Navarra y Asturias, con plazos de 13,5, 14,2 y 14,9 meses, respectivamente.
Otras regiones tienen plazos intermedios. En la parte alta se encuentran Canarias (26 meses), Andalucía (24,9), Baleares (23,5), Cataluña (23,7) y Madrid (21,5). En el rango bajo se ubican La Rioja (19,3), Galicia (17,9) y Cantabria (17,3). Ninguna comunidad presenta plazos inferiores a un año.
Factores que influyen en los largos plazos de desalojo
Entre las principales causas de estos largos tiempos de espera destaca la sobrecarga de trabajo en los juzgados de primera instancia. Esto, sumado a las apelaciones, prolonga considerablemente el tiempo necesario para obtener una sentencia firme. Además, la Ley de Vivienda introduce ciertas dificultades en los procedimientos de desalojo cuando la ocupación no implica violencia ni intimidación, siempre que el ocupante se encuentre en una situación de dependencia acreditada legalmente.
El proceso de desalojo de un okupa incluye varias etapas legales, comenzando con la presentación de una denuncia ante las autoridades. Posteriormente, se inicia un juicio de desahucio en el que se determina la ilegalidad de la ocupación y se emite una orden de desalojo. Este proceso puede variar entre 6 y 18 meses, dependiendo de la complejidad del caso y la carga de trabajo de los juzgados.